Debajo les dejo una cita de la obra capital de Mill :
«La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones políticas, ya que si bien, de ordinario no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma.»
John Stuart Mill, Sobre la libertad
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Los aranceles y el cemento
por Walter Puelles Navarrete
Analista de economía y negocios de la consultora DEFINE y miembro de la revista Ácrata
Una pregunta cuya respuesta es parte de una agenda política pendiente, es si los individuos tienen o no derecho a comerciar libremente. Esto es un absoluto. La respuesta es sí o no; no hay término medio. Si la respuesta es afirmativa, los impuestos a las importaciones (aranceles) deberían abolirse en el acto, dando por zanjada cualquier discusión de índole económica y cualquier posibilidad de aplicar políticas mercantilistas que favorezcan a determinados grupos de interés. Sería una liberalización unilateral del comercio.
Si la respuesta es afirmativa, el Estado debería proteger ese derecho por más argumentos económicos contrarios (si los hubiese), pues se asume que esa es justamente su principal función. Sin embargo, el Estado hace todo lo contrario. Los aranceles, i) quitan a la sociedad la libertad de elegir entre alternativas en competencia, ii) confiscan parte de sus recursos para las arcas del fisco, y iii) desvían otra buena parte de los mismos a las cuentas de los grupos económicos interesados en sostener estos privilegios.
Esta visión de índole moral no implica necesariamente un rechazo a los impuestos per se. Si el comercio debe cargar impuestos para financiar los servicios del Estado, estos deberían ser generales e independientes del tipo de actividad ejercida. Si el individuo importa, exporta, o produce para el mercado local, no debería ser competencia del Estado. Este debería mantener el principio de neutralidad. El Estado no debe ni privilegiar ni castigar actividad económica alguna por más nobles que sean los resultados económicos que su desarrollo consiga.
Quienes postulan una visión contraria, consideran —aunque sea implícitamente— que el hombre no tiene derecho a comerciar libremente más allá de los parámetros establecidos por el gobierno. Vociferan que este problema debe ser desideologizado, que debe primar el pragmatismo (léase, ausencia de principios morales). En suma, dirán que el problema es "complejo". Pero como bien señala el filósofo canadiense Leonard Peikoff, la palabra "complejo" no se utiliza hoy para afirmar la urgencia de resolver problemas, sino para asegurar que no existen soluciones.
Las implicancias morales de este tipo de sistemas son desastrosas para el desarrollo de una sociedad civilizada, siempre lo han sido, ya que incentivan la formación de una cultura corrupta que entiende que las batallas no se ganan en el mercado proponiendo alternativas socialmente más provechosas, sino en los despachos gubernamentales. La reciente restitución del arancel a la importación de cemento es una clara muestra de ello. La medida es inmoral y su esencia no cambia por más que goce de la venia del Tribunal Constitucional.
Ningún cementero podrá afirmar a partir de hoy que sus beneficios son producto de su esfuerzo, sino del esfuerzo ajeno. Y eso es robo, delincuencia pura. El arancel obligará a la sociedad a pagar 12% adicional por cada bolsa de cemento importada y nadie podrá oponerse a ello, salvo quienes decidan operar al margen de la Ley. Luego se reavivará el problema del contrabando, tildarán de delincuentes a quienes traten de poner a salvo su propiedad, y pugnarán por que la Ley los reprima. Todo ello financiado con ese 12% adicional.
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